LLAMAS, VICUÑAS Y TLC

Artículo de Wilfredo Ardito Vega, difundido por correo electrónico:

Una de las innovaciones positivas de la Constitución de 1993 es el derecho de los ciudadanos a presentar proyectos de ley, que obligatoriamente deben ser debatidos y votados por el Congreso de la República. En ejercicio de este derecho, el año pasado se presentó un proyecto de ley para pedir que el Congreso convocara un referéndum sobre el TLC.

Se obtuvo el doble de las aproximadamente 50,000 firmas necesarias, dados los temores que este tratado suscita en muchos sectores sociales. Certificadas las firmas por RENIEC, en el Congreso surgió un aparente impasse jurídico: algunos abogados, contratados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, señalaron que el Congreso se encuentra imposibilitado para convocar un referéndum. “Se requiere un millón de firmas para convocarlo”, decían. Esta afirmación era rebatible, porque ya el Congreso había convocado el año pasado el referéndum sobre la integración de regiones.

Los abogados del Mincetur decían también que un tratado no podía ser sometido a referéndum, pero la prohibición que establece la Constitución se refiere a tratados en vigor, por lo que no hay obstáculo para que un tratado en negociación sea sometido a referéndum. Ellos indicaban además que un referéndum no puede versar sobre temas tributarios, pero podía argumentarse que los aranceles no son tributos, sino medidas de carácter aduanero.

En todo caso, el tema era debatible y existe el principio de que en caso de duda, debe aplicarse la interpetación que permita un mayor ejercicio de los derechos humanos, como el derecho a la participación.

Con esos argumentos, el pasado 5 de junio, la Comisión de Constitución del Congreso de la República debatió el proyecto de ley, pero lamentablemente, la discusión no se centró en los puntos mencionados. El congresista Carlos Ferrero se limitó a calificar a quienes promovían el referéndum (las viejitas de la Plaza San José, los campesinos de Puno y Lambayeque, los jóvenes de San Juan de Lurigancho) de individuos movidos por su ideología comunista y su odio a Estados Unidos.

Llegó a decir que Javier Diez Canseco, quien había defendido el proyecto de ley, tenía una camisa roja debajo de su saco. Luego de esa notable argumentación jurídica el presidente de la comisión, Antero Flores Araoz, llamó a votar. Natale Amprimo y Fausto Alvarado llegaron, se sentaron y votaron por archivar el proyecto. Junto con ellos y Ferrero votaron Kuennen Franceza, de Huánuco y Flores Araoz. Diez Canseco, Heriberto Benítez y Johny Lezcano votaron a favor de la iniciativa.

Estos congresistas pidieron que el proyecto, como manda la ley, fuera discutido por el pleno, pero los demás se opusieron. Diez Canseco señaló que debía votarse con toda la comisión presente (los congresistas apristas se habían retirado), pero Flores Araoz, impaciente, indicó que él decidía cuándo se votaba. ¿Por qué se empañaba tanto en archivar el referéndum? Tres días antes se lo había confesado a un periodista de Sin Rodeos: para él, “las llamas y vicuñas” no podían votar sobre un tema tan importante… y cuando el periodista le comunicó su sorpresa, él reitero que así consideraba a sus compatriotas.

El racismo de Flores Araoz es tosco, pero Carlos Ferrero también se ha expresado varias veces en términos peyorativos, señalando que debe terminar la abusiva apropiación de millones de hectáreas por parte de las comunidades campesinas y nativas, porque impiden la inversión privada. Es decir que pretende despojar a los peruanos más pobres.

Sería un error, sin embargo, pensar que Ferrero y Flores Araoz son los únicos que piensan así: ya llevamos 16 años de una política económica que prefiere adquirir armamento antes que atender la salud de los más pobres y mantiene las más flagrantes desigualdades.

La continuidad de esta política no fue decidida por todos los peruanos en las elecciones del 4 de junio, sino al día siguiente, entre cinco congresistas. El rechazo al referéndum abre el camino para que el Parlamento vote por el Tratado de Libre Comercio, con apenas 30 o 35 votos, sin informar siquiera a la población sobre sus verdaderas implicancias.

El nuevo gobierno se encontrará maniatado para enfrentar problemas ambientales, dictar normas laborales o afectar de cualquier medida los intereses de las empresas norteamericanas. Si osa tocarlas, éstas podrán acudir a tribunales arbitrales en el extranjero que deciden en sesiones secretas. Cualquier empresa peruana tan lista como para fijar domicilio en Estados Unidos gozará también de estos privilegios.

Estas situaciones reflejan las imperfecciones de un sistema al que la palabra democrático le queda demasiado grande y cómo algunas autoridades ni siquiera conciben dar cuenta de sus actos a los ciudadanos, porque los ven como seres inferiores, problemáticos o incómodos.